El TS confirma la condena de prisión al presidente de Islas Airways por estafa en vuelos con residentes canarios
El TS confirma 23 meses prisión a un empresario de Tenerife por estafa en vuelos a través de la aerolínea Islas Airways S.A., desaparecida en 2012 tras conocerse el escándalo por una denuncia presentada por su principal competidora, Binter Canarias. Y, 8 meses de prisión para sus dos hijas, como cómplices del delito. Además, deberán indemnizar al Estado con 3,9 millones euros por haber simulado viajes para cobrar más ayudas del Estado.
Los hechos probados señalan, entre otros, que “entre noviembre de 2007 y abril de 2011, el importe liquidado en concepto de bonificaciones por la compañía Islas Airways S.A. asociados a vuelos interinsulares en la Comunidad Autónoma de Canarias ascendió a 47.260.839,58 euros; cantidad muy superior a las que realmente debería haber recibido la sociedad por parte del Ministerio de Fomento. Y es que, durante los años 2008 a 2011, el acusado, en su calidad de presidente y sus hijas, en su calidad de miembros del consejo de administración, “remitieron ficheros de vuelos y certificaciones que aparentaban ser correctos y contar con respaldo documental, lo que les permitió superar los controles rutinarios, cuando en realidad carecían de sustento o no respondían a la realidad, logrando de esta manera obtener bonificaciones superiores a las realmente debidas en los términos exigidos por el Real Decreto y la Ley de Subvenciones, por un importe de 8.399.180,32 euros”.
El Supremo desestima el recurso de las tres personas condenadas y considera correcta la calificación como delito de estafa, agravada por la cuantía, cometida por quienes controlaban una agencia de viajes, simulando viajes interinsulares canarios, y obteniendo las bonificaciones oficiales que otorga la Administración a los residentes en las islas, para ayudarles en sus viajes aéreos, siendo todo ello falso y documentado aparente y formalmente para superar los controles rutinarios del Ministerio de Fomento, obteniendo una cuantiosa suma por el perjuicio producido a la Administración.
